La Justicia exoneró a la Ciudad de indemnizar a un damnificado de una inundación

El demandante reclamaba por los daños que sufrió su auto en febrero de 1998. Pero la Cámara Civil entendió que no hay normas que obliguen al Estado a "construir efectivamente las defensas necesarias para asegurar los bienes de los habitantes".

La Cámara Civil exoneró a la Ciudad de Buenos Aires de indemnizar a un hombre por los daños que sufrió su vehículo durante una inundación en febrero de 1998. Al justificar su decisión, los camaristas entendieron que "ninguna norma impone específicamente al Estado la obligación de construir efectivamente las defensas necesarias para asegurar los bienes de los habitantes".

El fallo fue dictado por la Sala I del Tribunal de Apelaciones, que rechazó la indemnización que reclamaba un hombre que, el 5 de febrero de 1998, había dejado su Fiat Spazio TR estacionado sobre la calle Blanco Encalada al 2200, a metros de su vivienda. El auto fue arrastrado por las aguas y sufrió daños de consideración por los que el demandante reclamaba un resarcimiento al gobierno porteño.

Los camaristas Patricia Castro, Julio Ojea Quintana y Carmen Ubiedo reconocieron que "el estado de las instalaciones (de desagüe) en el sitio en que ocurrieron los hechos es bueno pero insuficiente para brindar una respuesta satisfactoria a los registros de lluvias más intensos que se registran en los últimos 25 años".

Pero también señalaron que "la prioridad en materia de obra pública es un aspecto que conduce a analizar la figura del Estado responsable" y las "posibilidades presupuestarias para proveer un mayor y mejor servicio, evaluación de costos, políticas de inversión".

En ese sentido los jueces se preguntaron "si corresponde imputar al Estado local responsabilidad por la omisión en la realización de las obras públicas que, en su caso, podrían haber evitado que frente a fenómenos naturales como el acontecido se hubieran producido los daños que originan el reclamo".

Como respuesta, indicaron que el gobierno porteño realizó "una serie de actividades" para analizar las obras de infraestructuras necesarias y su costo financiero "encarando la problemática con miras a una solución". Y ante el entendimiento de que no hay normas que obliguen al Estado a "construir efectivamente las defensas", rechazaron la demanda.

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