Mares invasores en el lejano Pacífico están elevando los niveles de sal en las lagunas de las islas Marshall. El oleaje amenaza con partir en dos una isla. "Está empeorando", dice Kaminaga Kaminaga, el coordinador de asuntos climáticos del diminuto estado insular.
El alza de los niveles del océano también crea nuevas interrogantes: ¿Qué pasa si los 61.000 habitantes deben abandonar sus islas y atolones? ¿Siguen siendo considerados una nación? ¿Con un puesto en las Naciones Unidas? ¿Con control de sus zonas pesqueras y los minerales submarinos? ¿Dónde van a vivir? ¿En quiénes se van a convertir ellos y sus hijos?
Durante años, las negociaciones globales para tomar medidas contra el calentamiento global se han alargado, con muy poco resultado. Los 193 países miembros del tratado de la ONU sobre el clima están reunidos de nuevo en el balneario caribeño de Cancún, pero nadie espera medidas decisivas para reducir las emisiones de carbono de la industria, la agricultura y el transporte, causantes del calentamiento global, y el consiguiente aumento del nivel del mar.
A 11.000 kilómetros de distancia, los habitantes de las Marshall _ y de Kiribati, Tuvalu y otras naciones similares _ sólo pueden preguntarse cuántos años más pueden durar.
"La gente que construyó sus casas cerca de la costa, todo lo que puede hacer es agarrar más rocas para reconstruir el malecón diariamente", dijo Kaminaga, que está en Cancún con la delegación de las Islas Marshall a la conferencia de la ONU.
El gobierno de las islas, no obstante, tiene la mirada más allá del presente, en un futuro con interrogantes sobre desplazamiento, derechos y la existencia misma de la nación.
"Enfrentamos una serie de asuntos únicos en la historia del sistema de naciones-estados", dijo Dean Bialek, un asesor de la República de las Islas Marshall basado en Nueva York, en declaraciones a The Associated Press. Bialek, que está en Cancún, dice que "estamos confrontando asuntos existenciales asociados con los impactos climáticos que no han sido reflejados adecuadamente en el marco legal internacional".
El gobierno de las islas dio un primer paso para confrontar esos asuntos al pedir asesoría del Centro para Leyes del Cambio Climático en la Universidad de Columbia, en Nueva York. El director del centro, Michael B. Gerrard, a su vez, ha pedido a eruditos legales de todo el mundo que se reúnan en Columbia en mayo próximo para elaborar respuestas.
Numerosas naciones han desaparecido a través de una secesión _ un ejemplo reciente es la fractura de Yugoslavia _, por conquista o cediendo sus territorios a otros países.
Pero "ningún país ha desaparecido físicamente, y eso es algo que no está contemplado en la ley", dijo Gerrard durante una entrevista en Nueva York.
La red de la ONU de científicos climáticos proyecta que los mares, expandiéndose por el calor y el derretimiento de los hielos terrestres, pudieran elevarse por hasta 0,59 metros (1,94 pies) para el 2100, tragándose la mayor parte de las escasas tierras de los atolones coralinos.
Pero las islas podrían volverse inhabitables mucho antes, a causa de la contaminación salina de las reservas de agua potable y la destrucción de cosechas, y porque se espera que el calentamiento global genere tormentas tropicales más poderosas.
"Si un país como Tuvalu o Kiribati se vuelve inhabitable, ¿quedan esas personas sin estado? ¿Cuál es su posición bajo las leyes internacionales?", pregunta la erudita legal australiana Jane MacAdam. "La respuesta escueta es: depende. Es complicado".
McAdam, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, ha viajado a las naciones insulares del Pacíico y estudió la historia legal.
En lo que se refiere a los isleños manteniendo su ciudadanía y soberanía si se ven obligados a abandonar sus tierras, dijo MacAdams por teléfono desde Sydney, "no está claro cuándo un estado concluiría a causa del cambio climático. Dependería de lo que la comunidad internacional está dispuesta a tolerar" y de si la Asamblea General de la ONU decide quitarle el escaño a personas desplazadas.
El tratado mundial de refugiados de 1951, que dispone que los países den refugio a quienes escapan persecución y represión, no cumbre la amenazante situación de aquellos desplazados por cambios climáticos. Algunos proponen negociar un nuevo pacto para obligar a un tratamiento similar para esos refugiados.
En el caso de los habitantes de las Marshall, el panorama es menos claro. Bajo un acuerdo con Washington, los ciudadanos del antiguo territorio asociado tienen el derecho a ingresar libremente a Estados Unidos para estudiar o trabajar, pero el derecho a la residencia permanente debe quedar aclarado, dicen asesores del gobierno.
A los isleños les preocupan, además, sus derechos económicos a largo plazo. La vasta dispersión de los 29 atolones de las Marshall, 3.700 kilómetros al suroeste de Hawaii, les da una zona económica exclusiva de 2 millones de kilómetros cuadrados de océano, un área del tamaño de México.
El atún que pasa por esas aguas es el principal recurso de las islas, explotado con la venta de licencias a flotas pesqueras extranjeras. "Si las islas desaparecen bajo el mar, ¿qué sucede con sus derechos de pesca?", pregunta Gerrard. Potencialmente de igual importancia: los ingresos del magnesio y otros minerales submarinos que los geólogos han estado explorando en años recientes.
Cuando los abogados en la conferencia de Nueva York en mayo comiencen a tratar de esclarecer el rompecabezas legal de las naciones desaparecidas, los habitantes de las islas van a estar lidiando con crecientes problemas.
La "prioridad mayor", dijo Kaminaga, es salvar el istmo que conecta a la Isla Jaluit con su aeropuerto, una vía barrida ahora por la marea alta.
Mientras tanto, una persistente sequía este año obligó a los residentes a usar más sus pozos, donde la detección de agua salada les forzó a utilizar unidades de desalinización. Y "partes de las islas están siendo erosionadas", dijo Kaminaga, con filas de cocoteros cayendo al mar al perder terreno.
Esta semana en Cancún y en los próximos meses, los representantes de las Marshall van a buscar ayuda internacional para la adaptación a los cambios climáticos. Ellos desean proyectos como una carretera elevada a Jaluit, la plantación de vegetación protectora en las costas, y un malecón de cinco kilómetros para proteger la capital, Majuro, de las crecientes mareas del Pacífico.
Pero las esperanzas de los isleños de que se tomen medidas a corto plazo para recortar las emisiones globales y salvar sus remotas tierras para el próximo siglo se están desvaneciendo.
"Si todas estas herramientas financieras y diplomáticas no dan resultado, pienso que algunos países están considerando algún tipo de medidas legales", dijo Dessima Williams, embajadora de Granada en la ONU y presidenta de un grupo de pequeñas naciones insulares. Esas medidas pudieran incluir pedidos de compensación a la Corte Internacional de Justicia y otros organismos, una ruta difícil, en el mejor de los casos.
Al final, los isleños se preguntan qué pasará con su cultura, su historia, su identidad con una tierra _ incluso con sus antepasados _ si se tienen que ir.
"Hay cementerios a lo largo de la costa que están siendo erosionados, tumbas que están cayendo al mar", dice Kaminaga. "Incluso tras la muerte somos afectados".
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