Sumando el recurso estacional de sus ríos Dulce, Salado, Utis, Albigasta, Horcones y Urueña, la provincia de Santiago del Estero supera con creces -en materia de régimen hídrico- a todas las demás provincias del NOA. Sin embargo es uno de los territorios más desérticos del país y encima debe lidiar estación tras estación con el flagelo de la inundación, que al obligar a las evacuaciones y a las permanentes migraciones internas tornan casi imposible cumplir con uno de los objetivos centrales del gobierno, que es concretar el efectivo dominio territorial.
Tributaria inexorable de todos los excedentes de los ríos de las altas cuencas de Salta y Tucumán, nuestro territorio tiene inocultablemente mal repartidos sus recursos, en primer lugar porque no existe una adecuada capacidad de embalse de sus aguas excedentarias, y en segundo lugar porque no posee un entramado de canales laterales y transversales que podrían armonizar las zonas de seca y las de bañados, a lo que debe añadirse la desidiosa tarea de los comités de cuenca interprovinciales, particularmente de los ríos Dulce y Salado, que deberían -con el concurso obligado de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y del Ministerio del Interior- vigilar celosamente los regímenes de escorrentía fijados en leyes y tratados de larga data.
En el caso del río Salado, por ejemplo, que es el que más calamidades está provocando en la última estación de lluvias, las desusadas precipitaciones ocurridas en la cuenca del río Juramento en Salta denuncian claramente que nuestra provincia vecina ha superado con creces su capacidad de embalse, primero con la cuasi colmatación del dique de Cabra Corral, una inmensa superficie de agua con menos del 50 por ciento de su capacidad de endicamiento, porque la presa se ha convertido en un verdadero cementerio de chatarra y de basura inorgánica de todo tipo (que no se degrada), porque los pescadores arrojan en ella toneladas de botellas y otros desperdicios metálicos (¡hasta embarcaciones viejas se han encontrado en el fondo!), porque no se canalizó su cauce aguas abajo de esta presa hasta el dique El Tunal, que ha demostrado ser una suerte de taza de café para semejantes caudales, y porque desde allí el gobierno salteño mantiene su indisposición de canalizar el Juramento hasta su ingreso en Santiago del Estero, a través de la precaria toma del Canal de Dios.
En su momento, calificados profesionales de la ex empresa estatal Agua y Energía, como los ingenieros Santiago Caramutti, Benjamín Ruiz Martínez, el también santiagueño Efrén Gastaminza, los tucumanos José Domián y José Salmoiragui, ex Director del Agua de la Provincia de Tucumán, habían advertido la inconveniencia de llevar adelante un proyecto de tamaña envergadura sin tomar en cuenta “los cálculos de máxima”, es decir cuando el río excediera toda su capacidad histórica de carga.
Para colmo de males, la traza del río Salado -ya denominado así en su ingreso a Santiago del Estero- posee un cauce meandroso y tornadizo, que torna ineficaz cualquier regulación que se procure en el dique Figueroa, si antes no se lo canaliza, a lo que también parecían estar pocos dispuestas las autoridades santiagueñas, si bien recientemente han obtenido de las autoridades nacionales recursos importantes para poder realizar un canal paralelo a la traza histórica del río, que si bien es un avance significativo no solucionará de fondo la cuestión porque no podrá impedir las inundaciones que se derivan de sus múltiples paleocauces secundarios y de la funestas cárcavas, que como fenómeno particular socavan en lecho del río hasta profundidades inusuales, convirtiendo en impredecible su comportamiento.
A ello se suma la pertinacia de la provincia de Salta a respetar los cupos de derivación establecidos en 1965 en el llamado Pacto Durán-Zavalía, ya que se consideran los verdaderos dueños del agua cuyo cauce pertenece a tres provincias: Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. De modo tal que cuando el recurso abunda no tienen empacho en inundarnos sin ninguna piedad, y en épocas del estiaje, cuando el escurrimiento es escaso, utilizan todo el agua que pueden en alentar las tomas clandestinas con las que grandes terratenientes riegan sus campos en la zona del departamento Rosario de la Frontera y dejándonos a los santiagueños en pampa y la vía.
Con el río Dulce pasa otro tanto. Después de la catastrófica inundación de 1972, que convirtió a los bañados de Salavina y Atamisqui, en plena mesopotamia central, en un paisaje ya inalterado, para complacencia de los ambientalistas de Green Peace y de Vida Silvestre Argentina, que prefieren la existencia de aves exóticas -como las garzas azules- para distracción de los turistas foráneos antes que un reordenamiento territorial y productivo que beneficie a los humildes campesinos que viven medio año dentro de los derrames, con sus ranchitos y sus majadas.
Aquel gran desastre ecológico, debe recordarse, terminó inundando por completo la Laguna de Mar Chiquita, ya en el límite con Córdoba, y sepultando bajo las aguas a la bella ciudad turística de Miramar. También significó, pocos años después, el definitivo abandono del denominado Proyecto Integral del Río Dulce (PIRD) por parte de ese gran organismo orientado al desarrollo que fue la Corporación del Río Dulce, y en el que -con apoyo del BID- trabajaron con esmero y excelencia el propio Gastaminza y el arquitecto Víctor Manuel Zamora, hasta que un antojadizo decreto del entonces gobernador Carlos Juárez la dio por liquidada, sin un solo argumento de fondo que justificara tan absurda determinación.
Ya para entonces, el PIRD había rescatado, previendo con sabia anticipación la inminente colmatación de la presa de Río Hondo, por los detritos aluvionales que bajaban con inclemencia desde los ríos Gastona y Medina de Tucumán, y su ulterior contaminación derivada de los efluentes industriales de ingenios y citrícolas, aquel proyecto de principios de siglo del Ing. Michaud, que abogaba por la construcción de presas menores complementarias en terrenos ubicados aguas debajo de Río Hondo, en depresiones naturales del terreno, para aumentar la capacidad de embalse de la presa principal.
Tengo la certidumbre de que de continuarse con una política asistencial que atienda la emergencia sólo cuando ella ocurre, seguiremos condenados al infierno de la inundación. Las soluciones técnicas son las más aconsejables y duraderas. Y para ello a los santiagueños y a su actual gobierno esmerado como ningún otro en las últimas décadas en el progreso y en la superación de viejos estigmas, nos sobra talento e imaginación.
Las 30 personas afectadas y las 3 familias damnificadas en Colcapirhua por el desborde del río tratan de recuperar sus pertenencias y lo poco que les quedó en sus viviendas luego de la grave inundación que sufrieron el viernes en la madrugada.
