20 oct 2010

A La Búsqueda De 50.000 Desaparecidos: El Gran Drama Colombiano

La búsqueda de 50.000 desaparecidos se ha tornado en un gran drama en Colombia, donde el conflicto armado sigue arrojando víctimas, quedan muchas fosas sin exhumar y heridas sin cerrar, mientras las familias no cesan en su lucha por recuperar a sus seres queridos.

La decisión del Congreso de aprobar el martes la adhesión de Colombia a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, adoptada en 2006 por la ONU, es un paso firme para encontrar la verdad.


Con casi 50.000 casos, Colombia está entre las naciones con mayor número de desapariciones forzadas en el mundo, confesó a Efe el coordinador de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Defensoría del Pueblo, Andrés Peña.

Y en un contexto "difícil" porque "los países que han empezado a destapar a sus desaparecidos están en situación de postconflicto", cuando en Colombia sigue viva la confrontación armada.

Según este abogado especialista en Derechos Humanos, "se requiere un proceso de mayor transición, de voluntad política y que los actores comiencen a contar la verdad" para tener resultados en el delicado proceso de búsqueda y reparación.

Todo en un ambiente de extrema "tristeza" porque si bien la mayoría de los victimarios "son miembros de grupos ilegales, paramilitares principalmente y guerrillas, una parte muy importante corresponde a agentes del Estado", dijo Peña.

A junio pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda, creada en 2000, había registrado 47.757 casos, mientras que la Fiscalía General, encargada de la búsqueda, exhumación e identificación, contabilizaba 27.000 bajo el reconocimiento de que le queda mucho por analizar.

El freno de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, liderada por Luis González, es que cuenta con 18 equipos y sólo nueve forenses para realizar ese complejo proceso a lo largo y ancho del país.

Todo comienza con la confesión del victimario sobre el crimen y el lugar de la matanza; después los fiscales se introducen en las espesas selvas en busca de las fosas, lo que suele llevar días de trabajo y caminatas.

En sus instalaciones también se realiza la identificación con técnicas de ADN y pruebas bucales. Allí trabajan doctores y especialistas que a diario analizan, hueso a hueso, cajas repletas de esqueletos sobre una mesa de quirófano.

El objetivo es que esos cuerpos, que llegan bajo las siglas "NN", recuperen su nombre y apellido para poder ser entregados a sus ansiosas familias y recibir santa sepultura, en un acto casi divino de paz y reconciliación.

Para González, esto ha sido posible gracias a la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005 como marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales, que arrancó confesiones a los ejecutores.

Justicia y Paz facilitó "buscarlos, encontrarlos, exhumarlos, identificarlos y volverlos a inhumar", remarcó el jefe de esta unidad de la Fiscalía.

Pe
ro, a pesar de los esfuerzos, sólo se han recuperado 3.200 cuerpos, de los que 1.200 han sido identificados.


Entre ellos el de Conrado Antonio Montoya, desaparecido en el departamento del Meta el 14 de marzo de 2004, antes de ser asesinado por paramilitares y enterrado en una de las innumerables fosas comunes que hay en Colombia.

Su viuda, Miriam Moreno, y sus cinco hijas no han cesado desde entonces en la búsqueda; sin embargo transcurrieron cinco años para que el pasado 31 de agosto la Fiscalía recibieran los restos en una pequeña urna.

"No quiero que eso quede en la impunidad, todo lo que hemos pasado, todo el sufrimiento que hemos tenido, mis hijas se quedaron prácticamente sin estudios", se lamentó Moreno a Efe el día que se reencontró con su esposo, a quien los paramilitares acusaron, sin pruebas, de pertenecer a la guerrilla.

Aparicio Maecha recogió ese mismo día los restos de su hermano Delfín, desaparecido hace seis años después de que paramilitares de las Autodefensas del Casanare lo sacaran por la fuerza de su casa en el departamento de Boyacá.

Fue el propio Aparicio quien lo desenterró y avisó a la Fiscalía del crimen, según relató a Efe.

Los desafíos, según el coordinador de la Comisión Nacional de Búsqueda, "son muchos" porque Colombia "está en el primer escalón de la gran montaña que hay que escalar en materia de derechos humanos".

Para Peña, los retos están en la atención psicosocial de las familias, "en el antes y después de la entrega de los restos", por el impacto que causa.

También en "las personas no encontradas porque fueron arrojadas a los ríos, cremadas, arrojadas a los cocodrilos", a lo que se dará solución con monumentos y actos de memoria histórica.

"Sólo en un mínimo de cinco años veremos resultados", concluyó Peña, convencido de que Colombia asombrará al mundo cuando se conozca el verdadero alcance de la desaparición forzosa.

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