En seis días, las lluvias y sus consecuentes inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron un saldo -parcial y creciente- de 653 muertos, al menos 13.000 damnificados, y un sinnúmero de escenas de horror y devastación.
Río de Janeiro.- En medio a un creciente número de muertos y escenas desoladoras de caos y destrucción que las lluvias dejaron en la región serrana de Río de Janeiro, el gobierno anunció hoy la implantación de un sistema nacional de prevención y alerta de desastres naturales que empezará a funcionar en cuatro años. El anuncio fue realizado tras una reunión celebrada en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia brasileña, en la que la presidenta Dilma Rousseff pidió a sus ministros una mejora de la capacidad de respuesta nacional ante los desastres naturales, reseñó DPA. Es que la tragedia que sufren hoy las localidades de Teresópolis, Nova Friburgo y Petrópolis, que ocupan una amplia región de la provincia de Río de Janeiro, hizo colapsar la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales, provinciales y federales. En seis días, las lluvias y sus consecuentes inundaciones y deslizamientos de tierra dejaron un saldo -parcial y creciente- de 653 muertos, al menos 13.000 damnificados, y un sinnúmero de escenas de horror y devastación. Se trata de la cuarta peor tragedia natural ocurrida en Brasil, y nadie se atreve a augurar cuál será el saldo definitivo de víctimas fatales. Ante los hechos consumados, el gobierno, a través del ministro de Integración Nacional, Fernando Bezerra, admitió: "El sistema se ha revelado frágil. Nadie va a tapar el sol con un dedo. Tenemos que encarar la realidad y reaccionar". En medio del drama, que llevó a las autoridades de Río a decretar siete días de luto, el caos y la desorganización reinantes entorpecen aún más el vital socorro a los sobrevivientes, muchos de los cuales se encuentran completamente aislados, sin alimento, abrigo, agua ni luz. Así lo denunciaron hoy varias versiones de prensa, según las cuales, al menos 170 toneladas de donaciones no pueden llegar a destino a raíz de la falta de coordinación entre quienes tienen a su cargo el envío de ayuda. El diario "O Estado de Sao Paulo" denunció por su parte que la falta de coordinación afecta incluso la salida de helicópteros para el rescate de las familias que se encuentran aisladas. También comenzaron a aparecer hoy denuncias de desvío de donaciones. Militares que trabajan en la asistencia a las víctimas denunciaron que oyen hablar permanentemente de personas que se apoderan de las donaciones, sin necesitarlas, para después comercializarlas. "Hay gente que recibió (donaciones) y no fue desalojada, hay gente que recibió diez veces el mismo artículo", resumió uno de los agentes. Asimismo, la caída de varios puentes y los deslizamientos de tierra ocurridos junto a caminos y carreteras dificultan la llegada de socorro. Por su parte, la Cruz Roja acusó hoy a la prefectura de Teresópolis de impedirle colaborar con el rescate de los sobrevivientes. "Es una situación embarazosa. Hoy temprano llegaron (los guardias municipales) aquí a la base de la Cruz Roja, echaron a todo el mundo y cerraron los portones", denunció uno de los médicos de la entidad, Martius de Oliveira, citado por la versión electrónica del diario "O Globo". Por su parte, la asistente social Eliane Moraes añadió que el grupo cuenta con más de un centenar de profesionales, entre médicos, enfermeros y voluntarios, quienes tras la prohibición de la prefectura se encuentran impedidos de socorrer a los varios miles de damnificados. La prefectura negó mediante un comunicado las acusaciones, y expresó que se está trabajando en conjunto "en pro de la población y de las personas afectadas por el fuerte temporal" que desde hace seis días azota a la región serrana de Río de Janeiro. Como parte de las medidas destinadas a paliar la situación, el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, anunció hoy que destinará cerca de 1,8 millones de dólares para reforzar la atención de la salud de las víctimas que sobrevivieron a la tragedia. Estos recursos se suman a los más de 400 millones de dólares que el gobierno federal se comprometió a aportar a la provincia.
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