El desastre en Colombia fruto de las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña es un recordatorio de la elevada vulnerabilidad del país frente a los fenómenos naturales. Todo parece indicar que el cambio climático acentuará la frecuencia, intensidad y cobertura geográfica de estos eventos climáticos extremos. Sin embargo, conviene recordar que no todos los problemas tienen un origen climático. Colombia es también un país altamente vulnerable a eventos de naturaleza geofísica como sismos y erupciones volcánicas, entre otros. Los recuerdos de desastres como el de Armero y el volcán Nevado del Ruiz, o el terremoto de Armenia, están grabados en la memoria de los colombianos.
¿Qué ha hecho Colombia desde el desastre de Armero en 1985 para reducir su vulnerabilidad frente a estos fenómenos naturales?
En primer lugar, podemos decir que aquel desastre impulsó una reforma normativa e institucional del sistema para la gestión del riesgo que ha sido un modelo para toda América Latina y el Caribe. La propuesta colombiana de creación de su sistema nacional para la prevención y atención de desastres ha sido un referente para procesos similares posteriores en países como Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Ecuador, y más recientemente Perú, entre otros.
Estos países han contado con el apoyo y asesoría técnica de especialistas colombianos de renombre internacional. Varias ciudades colombianas, entre las que habría que destacar a Manizales y Bogotá, han impulsado programas para reducir la vulnerabilidad de sus habitantes y para prepararse ante la ocurrencia de desastres. Sin embargo, estos esfuerzos no han conseguido eliminar en todo el territorio nacional el riesgo construido durante décadas de desarrollo mal planificado, así como tampoco han conseguido revertir los procesos de generación de nuevas vulnerabilidades.
¿Qué debe hacer Colombia a medio y largo plazo para reducir su vulnerabilidad?
La gestión integral del riesgo de desastres tiene cuatro componentes de política pública. La primera es la identificación del riesgo (IR), que busca conocer las amenazas naturales y la vulnerabilidad a las que la población y los activos del país están expuestos. El segundo componente es la Reducción del Riesgo (RR) por medio de la prevención con medidas no estructurales como el ordenamiento territorial o la implantación de normas de construcción seguras. Un tercer componente del índice es el manejo de los desastres (MD) en áreas como la preparación para la respuesta y la planificación para un adecuado proceso de rehabilitación y reconstrucción post-desastre. Por último, la protección financiera (PF) mide la implementación de instrumentos como los fondos de reserva de emergencia, los fondos contingentes, seguros, reaseguros, etc.
En colaboración con la Universidad de Manizales, en 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrolló un conjunto de indicadores para medir el desempeño de un país en los cuatro componentes que constituyen la gestión integral del riesgo. Dichos indicadores se vienen aplicando en varios países de la región latinoamericana y caribeña con datos desde 1995. Su más reciente aplicación en 2008 muestra que aunque el desempeño de Colombia en gestión del riesgo ha mejorado en los últimos 20 años, sin embargo el nivel alcanzado en cada uno de los cuatro componentes de política pública no ha sido parejo.
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